Matías Cobo

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ÁS DE veinte años llevan la sociedad española y vasca llorando víctimas asesinadas por ETA. Pero, en este fenómeno terrorista que se ha cobrado ya más de 800 personas, hay un componente, un germen anterior que, en cierto modo, se puede considerar como el principal desencadenante de la radicalización del conflicto. De ahí que al atribuir en exclusiva la responsabilidad del problema a los pistoleros etarras y a sus delegados políticos no es que se caiga en un error; al contrario, esa tesis es plenamente acertada, ya que ellos son culpables de la violencia en primera y última instancia. Sin embargo, todo el entramado del MLNV (Movimiento de Liberación Nacional Vasco), que se sustenta en un importante —aunque cada vez menor— apoyo social, tiene sus raíces enterradas en el fangoso terreno del nacionalismo. Éste, y no otro, debe ser el punto de partida para comprender el origen de las actuales reivindicaciones independentistas abanderadas por unos (con métodos democráticos) y otros (con la violencia como medida de presión).

El último asesinato de ETA, el del ex ministro socialista Ernest Lluch, volvió a movilizar a la sociedad contra los terroristas.

El nacionalismo en general se podría definir como la utilización (cuando no, manipulación) de la cultura por parte de los políticos para intentar introducir (a veces, imponer) una determinada postura o configuración política en una sociedad concreta. Así, lo que hace pernicioso a todo nacionalismo es, precisamente, el hecho de que use la cultura y costumbres con fines políticos, pues éstas se generan, o deben hacerlo, de manera espontánea por la interrelación de los miembros de una sociedad determinada. La cultura no debe ser interpuesta por un Gobierno para que éste pueda cumplir unos fines o planteamientos políticos que no comparte la totalidad de la sociedad a la que representa y dirige. En el caso del País Vasco, el Gobierno del PNV emplea una serie de medidas de índole cultural destinadas a propagar un sentimiento de identidad vasca que, a la postre, sea el caldo de cultivo preciso para alcanzar la independencia. Por ejemplo, como se quiere extender el uso del euskera entre la población, pese a que gran parte de ésta no es muy proclive a aprender esta lengua y apenas la domina un pequeño porcentaje, los políticos nacionalistas obligan a los funcionarios y a los miembros de la Administración a aprender este idioma si quieren conservar su puesto. Éste es sólo un botón de muestra, pero hay otros muchos ejemplos, como la tergiversación que se hace de la Historia de España en las "ikastolas", que evidencian cómo se ha acentuado, en Euskadi, la exclusión connatural a todo nacionalismo. Porque todo sentimiento nacionalista es de suyo excluyente, al no dejar cabida a las aspiraciones o ideas de aquellos que piensan de forma distinta a ese sentir que se intenta hacer general aunque no lo sea.

Todo lo expuesto se traduce en una clara e injusta marginación de una gran parte de la sociedad vasca que, sin renunciar a su legítimo sentimiento de afinidad con su patria natal, quiere continuar integrada en los vigentes marcos de la Constitución española y el Estatuto de autonomía. Este último que, por cierto, recoge un alto grado de competencias transferidas al Ejecutivo vasco, por lo que, en modo alguno, puede parangonarse el caso de Euskadi con el de Irlanda, donde la capacidad de autogestión es ínfima en relación al primero. Pero lo más preocupante es que el enconamiento político entre nacionalistas y no nacionalistas se intenta trasladar a la población desde la propia clase política. Cada vez con mayor frecuencia vemos cómo los partidos democráticos vascos se segmentan a la hora, por ejemplo, de movilizar a la sociedad contra la violencia o expresar sus posturas. La frontera maniquea en el País Vasco está viciada. Desde el asesinato de Miguel Ángel Blanco y la espectacular reacción ciudadana posterior, los nacionalistas moderados (PNV y EA) han iniciado un viraje sin tapujos hacia el mundo radical haciendo patente lo que antes era latente: la priorización de sus principios nacionalistas frente a sus archicacareadas raíces democráticas. Conclusión inmediata y obvia: PNV y EA prefieren pactar con los secuaces de los asesinos a alinearse con las víctimas de éstos.

El problema más apremiante, el de los asesinatos, sólo tiene una solución posible: el redoblamiento del esfuerzo policial para continuar encerrando etarras. Pero, tras éste, hay otros que son los que impiden que se erradique la violencia y el origen de ésta. Fundamentalmente, entre estos problemas, el crucial es la articulación de una parte de la sociedad vasca. Todos los atentados de la "kale borroka" (violencia callejera) tienen como protagonistas a jóvenes cuyos modelos a imitar son terroristas (la prueba está en que algunos de los últimos asesinos detenidos pertenecieron a esta "cantera" antes de empezar a matar). Además, estos díscolos de baja formación viven en un círculo vicioso en el que, desde su entorno, les inoculan un odio depravado contra todo lo que suene a español. Luego está la cuestión de los pequeños pueblos vascos, donde la baja formación existente y el dirigismo ideológico —perpetrado por partidos como HB— impiden que los ciudadanos puedan tener una óptica diferente del problema. Así, con situaciones como las dos reseñadas, nos encontramos con un colectivo social cuyos roles se reducen a uno: el de víctimas que tienen que luchar, con armas o sin ellas, contra los que socavan injustamente su identidad nacional.

El derecho a la autodeterminación de un pueblo es totalmente aceptable siempre que éste se ejerza dentro de los cauces legales que establece la democracia. Pero lo que no se puede hacer —y un dirigente peneuvista lo hizo— es equiparar o poner al mismo nivel esta voluntad soberanista con el derecho a la vida. Y, menos aún, violar este principio fundamental para alcanzar una fantasmal configuración política excluyente.